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16/07/2021
FAL 
CSJ 793/2004
Bergerot, Ana María y otro c/ Salta, Provincia de y otro s/ incidente de ejecución de sentencia [Demoras en el acatamiento a un fallo judicial y embargo sobre fondos de coparticipación federal - Anterior pronunciamiento de la Corte que hizo lugar a la demanda y condenó a la provincia demandada a pagar a la actora, en el plazo de 30 días, una suma de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios - Pedido efectuado por la actora tendiente a que se depositen las sumas emergentes de la liquidación aprobada, sin diferimientos, dado su estado de extrema vulnerabilidad - La demandada no acreditó la insuficiencia de crédito presupuestario para satisfacer la condena en el ejercicio financiero correspondiente al año 2020 en el que debía ser atendida, ni acompañó las constancias pertinentes para demostrar la previsión presupuestaria para el corriente año en los términos de las leyes locales invocadas - Silencio guardado ante el segundo requerimiento de pago que le fue formulado - No es admisible que el Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal - Se resuelve acceder a la ejecución promovida y trabar embargo sobre los fondos que por coparticipación federal tenga a percibir la provincia condenada]




15/07/2021
FAL 
CSJ 88/2013 (49-I)
INC SA (TF 24.746 – I) c/ DGI. [Impuesto a las ganancias: deducción válida de intereses y gastos - Determinación de oficio de la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias, ajuste de quebrantos y liquidación de intereses resarcitorios y aplicación de multa con fundamento en que la empresa había deducido improcedentemente intereses y gastos originados en la emisión de obligaciones negociables pues la operación no se encontraba destinada a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas - Resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que revocó el ajuste efectuado por la AFIP al considerar que la deducción de los conceptos impugnados era correcta - Sentencia de cámara que confirmó dicha resolución - La aplicación del "principio de pertenencia" o "principio de afectación patrimonial" en materia de deducción de gastos no queda limitada a las personas físicas y sucesiones indivisas sino que también se aplica a los sujetos "de la tercera categoría" o "empresa", los que, en consecuencia, no se encuentran autorizados para deducir sus gastos en forma promiscua según lo propone la tesis de la "universalidad del pasivo" - Los gastos cuya deducción admite la ley son aquellas erogaciones dirigidas a la obtención de ganancias gravadas o al mantenimiento o conservación de su fuente - Las ventajas impositivas que consagra el régimen de la ley 23.576 tienen por objeto facilitar la obtención de fondos del mercado de capitales para destinarlos exclusivamente al financiamiento de actividades productivas por parte de las empresas privadas - En ese marco, resulta inadmisible la deducción de los conceptos devengados con motivo de la obtención de los fondos provenientes de la emisión y colocación de las obligaciones negociables pues tales sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de sus actividades productivas sino a cancelar el precio de compra de las acciones de otra empresa a su anterior dueño - Se revoca la sentencia apelada]




15/07/2021
FAL 
CCC 15115/2019
A., S. P. s/ incidente de incompetencia [Cuestión de competencia y protección de la integridad física y psicológica de la víctima durante el procedimiento penal - Hechos calificados prima facie como abuso sexual, lesiones y exhibiciones obscenas que tuvieron como víctima una niña y que habrían sucedido en distintas jurisdicciones en un mismo contexto de violencia familiar - Conflicto de competencia - Necesidad de atender a los principios de economía y celeridad para asegurar una más eficaz administración de justicia - Corresponde atribuir la investigación de la causa al juzgado provincial, en cuyo ámbito habrían ocurrido los hechos más graves - El tribunal declarado competente deberá adoptar las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito, como así también procurar que el daño sufrido por la víctima hoy adolescente no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia, asegurando que en todas las fases del procedimiento penal se proteja su integridad física y psicológica]




15/07/2021
FAL 
FSA 264/2019
Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS [Tutela judicial efectiva a personas en situación de vulnerabilidad - Pedido del beneficio de pensión por el fallecimiento del padre de la actora en su carácter de hija incapacitada para el trabajo - Rechazo por parte de la Comisión Médica Central por no alcanzar el 66% de minusvalía requerido por la ley - Interposición del recurso directo ante la Cámara Federal de Salta y no ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, como lo establece el art. 49, inc. 4 de la ley 24.241 - Planteo de inconstitucional de dicha norma, que la obliga a litigar a más de 1400 kilómetros de distancia de su domicilio - Decisión de la Cámara declarándose incompetente - Recurso extraordinario que plantea que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad pues padece una incapacidad, no percibe ingreso alguno y falleció su padre, que era su sostén económico - Sujeto que demanda la tutela judicial efectiva - Colectivos de personas en situación de vulnerabilidad - Costo mayor para el litigante, si tuviera que trasladarse para las revisaciones médicas, o una dilación en la solución del caso, si los exámenes médicos se ordenaran mediante exhorto, a la par que irrazonable restricción en las posibilidades de defensa - A la excesiva distancia se suma el colapso en que se encuentra la Cámara Federal de la Seguridad Social debido a la sobrecarga de expedientes - No es razonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y mejor calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen - La competencia asignada a la Cámara Federal de la Seguridad Social por el art. 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24.241 para ejercer el control judicial suficiente de las resoluciones de la Comisión Médica Central, no resulta un medio adecuado, idóneo, necesario o proporcional a los derechos, intereses y valores que el Estado está llamado a proteger en la materia bajo examen - Se revoca la sentencia apelada y se declara la inconstitucionalidad de la norma cuestionada]




15/07/2021
Acuerdo
Todas las sentencias.
08/07/2021
FAL 
CSJ 795/2019
Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario y de inconstitucionalidad concedidos [Prestación del servicio público de telecomunicaciones y gravámenes provinciales y municipales - Acción declarativa contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con la finalidad de que se despeje el estado de incertidumbre en relación al gravamen por la ocupación y/o uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pública - Sentencia del superior tribunal local que rechazó la demanda - Remisión a los precedentes "NSS" (Fallos: 337:858) y CSJ 1937/2014/RH1 "GCBA y otro s/ ejecución fiscal", del 4/10/2016 - La pretensión tributaria local constituye un inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación e importa el desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal otorga al servicio público - El hecho de que el servicio de telecomunicaciones sea prestado por diversas empresas privadas en un régimen de competencia no altera la calidad de servicio público reconocido a aquél por la ley 19.798 - Mal podría considerarse que el legislador ha circunscripto la dispensa únicamente al servicio público de telecomunicaciones conocido al momento de promulgación de la norma (agosto de 1972), impidiendo que ella abarcase también a los demás servicios que, producto de la innovación tecnológica en la materia, pudieran inventarse - Se revoca la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosatti: principio de buena fe federal - Todo aquello que no está expresamente cedido por las provincias al gobierno federal queda retenido en aquellas - Tan indiscutible es la competencia federal para regular las telecomunicaciones como la provincial para estatuir su sistema tributario - Criterio de interpretación restrictivo de los privilegios otorgados por normas federales sobre tributos locales - El alcance de la exención del art. 39 de la ley 19.798 debe interpretarse en forma restrictiva, como un límite al poder impositivo local en la medida en que, por su intermedio, se frustre el fin de utilidad nacional perseguido por la legislación federal - La competencia federal en telecomunicaciones no excluye ni se opone a la local en materia fiscal]




08/07/2021
FAL 
FSM 42058/2016
C., M.I. c/ Obra Social del Personal de Control Externo (OSPOCE) y otro s/ prestaciones farmacológicas [Cobertura del costo de medicamentos por parte de las obras sociales - Sentencia que hizo lugar a la acción de amparo entablada con el objeto de que se cubriera a la actora el costo de un medicamento y elevó el porcentaje de cobertura del 70 al 100% - Droga que no se encuentra prevista en la resolución que establece los medicamentos integrantes del Plan Médico Obligatorio por lo que es facultad del agente del seguro de salud ampliar los límites de cobertura de acuerdo a las necesidades individuales de los beneficiarios - Derecho a la salud como derecho fundamental pero no absoluto sino que debe ser ejercido con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio - La decisión de obligar a la entidad social a afrontar el 100% de la cobertura del remedio no resulta razonable en tanto desconoce la plataforma normativa, cuya constitucionalidad no ha sido objetada - La actora no es discapacitada y cuenta con ingresos propios - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosatti: decisión sustentada en una interpretación armónica del PMO y las previsiones de las leyes que sientan las bases y objetivos del sistema nacional de seguro de salud - La cámara siguió el criterio expuesto por el Cuerpo Médico Forense que resaltó la importancia de la opinión del profesional de la medicina que trata la patología del paciente - Planteos de la recurrente que constituyen una mera discrepancia con el criterio sostenido por el tribunal]




08/07/2021
FAL 
CSJ 1826/2017
Corvalán, José Darío c/ Intercórdoba S.A. s/ ordinario – art. 212 LCT [Desvinculación laboral basada en afirmaciones dogmáticas - Rechazo de la demanda dirigida a obtener la indemnización prevista en el artículo 212, párrafo cuarto, de la Ley de Contrato de Trabajo con fundamento en que la verdadera causa de la desvinculación no fue la incapacidad absoluta invocada por el actor, sino la previa conminación patronal cursada para que el trabajador inicie el trámite jubilatorio - Apartamiento de la solución legal prevista para el caso - La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra y, cuando ésta no exige un esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente - Del art. 252, LCT, texto ordenado por ley 24.347 vigente al momento del distracto, surge que la intimación no extingue la relación de empleo sino que, por el contrario, la mantiene vigente hasta que se cumpla alguna de las condiciones extintivas, la concesión del beneficio o, en su defecto, el transcurso de un año - Argumento del tribunal basado en una supuesta violación al principio de buena fe que luce inmotivado - Arbitrariedad - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosenkrantz: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN)]




08/07/2021
FAL 
CSJ 54/2014 (50-O)
Otimi S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía s/ proceso de conocimiento [Liquidación de sociedades: actuación del Estado Nacional - Condena al Estado Nacional al pago de los daños y perjuicios derivados de su actuación irregular en la liquidación de una compañía - Recurso interpuesto por el condenado - Sentencia pasible de descalificación con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad ya que concluyó dogmáticamente que el Estado había omitido refutar fundamentos decisivos dados por la jueza de primera instancia pese a las serias alegaciones que aquel planteó en su escrito de expresión de agravios - No obstante ello, el Estado Nacional no refutó el fundamento decisivo de aquella sentencia según el cual no tuvo una conducta diligente en su función de liquidador - La demandada no justificó tampoco por qué, a más de treinta y cinco años del inicio del conflicto entre las sociedades y del comienzo de la propia liquidación, no ha podido concluir con uno y otra, pese a que la ley 21.976 impuso, en 1977, un plazo máximo de dos años para finalizar la liquidación - Se desestima la queja]




08/07/2021
FAL 
CIV 13611/2019
P., F. N. c/ T., S. B. s/ restitución internacional de niños [Restitución internacional de niños y medidas de retorno seguro - Sentencia de cámara que confirmó la decisión que ordenó la restitución de la hija de las partes a Francia y que dispuso medidas de regreso seguro - Recursos extraordinarios interpuestos por ambos progenitores que resultan inadmisibles (art. 280 CPCCN) - Se desestiman las quejas presentadas - El interés superior del niño debe constituir la preocupación fundamental de los progenitores - Corresponde exhortarlos a fin de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos y a que cooperen estrechamente en la etapa de ejecución de sentencia en la búsqueda de una solución amistosa que no se oriente en la satisfacción del interés subjetivo de cada uno, sino en el respeto tanto del bienestar y la integridad de su hija menor - Disidencia parcial del juez Rosenkrantz: la medida de retorno seguro adoptada por el a quo y cuestionada por el recurrente es incompatible con la propia finalidad del Convenio de la Haya 1980 - Habiéndose comprometido el actor a colaborar no impulsando la acción penal, la decisión que, a los fines de propender a un retorno seguro de la niña, dispuso esclarecer y solucionar previamente, a través de él, las situaciones de índole penal que pudieren existir contra la demandada en Francia, no puede implicar que una eventual decisión judicial de las autoridades de dicho estado extranjero de acuerdo con su ordenamiento jurídico, resulte un obstáculo a la restitución ordenada en la sentencia]




08/07/2021
FAL 
FSA 44000296/2009
Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro s/ inf. art. 144 bis en circ. art. 142 inc. 1, 2, 3, 5 [Habilitación de la instancia casatoria prescindiendo de la norma aplicable al caso - Pronunciamiento que revocó la resolución que había confirmado los autos de procesamiento, sin prisión preventiva, dictados por la participación de los procesados en hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y dispuso su falta de mérito - Recurso extraordinario interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal - Decisión equiparable a sentencia definitiva - Expediente cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales - Apartamiento de la regulación procesal que habilita la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal para entender en los recursos de su especialidad dirigidos contra sentencias definitivas o equiparables a tales - Habilitación de su competencia por medio de un argumento que nada tiene que ver con lo dispuesto en el código adjetivo, y que colocó su intervención dentro de un formato de procedimiento de consulta y control, que le es ajeno - Las cuestiones vinculadas con la legalidad de la designación del fiscal, por lo que ya había abierto su instancia, eran normativa y conceptualmente independientes de las cuestiones vinculadas al mérito del procesamiento de los encausados - El régimen procesal previsto para el caso fue suprimido, sin que se configure una situación relacionada con los límites interpretativos que el ordenamiento legal deja en manos de los jueces - Sentencia arbitraria - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosenkrantz: el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal - Las decisiones cuya consecuencia sea la de seguir sometido a proceso no son susceptibles de recurso extraordinario - El recurrente no ha logrado demostrar que la sentencia genere un agravio de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior - No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional - La decisión apelada no genera una ruptura del compromiso con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad]




08/07/2021
Acuerdo
Todas las sentencias.
01/07/2021
FAL 
CAF 5877/2013/CA1-CS
Badoza, Eduardo Raúl c/ EN – M° J y DDHH – resol. 1653/06 [Empleo público: asignación de funciones y nivel escalafonario - Sentencia de cámara que rechazó la petición de reencasillamiento o, en su defecto, el pago de una suma eventual por tareas extraordinarias - Régimen de Estímulos para el personal del Ministerio de Justicia - Fundamento en que el nomenclador de funciones del régimen de estímulos sólo servía para facilitar la tarea de encasillar a los agentes en cada subgrupo, sin impedir que las funciones descriptas en un grupo puedan ser también cumplidas por personas encasilladas en otro grupo - Es criterio de hermenéutica que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, de la que no cabe apartarse cuando ella es clara, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta - La exégesis de la norma debe practicarse sin violación de sus términos o su espíritu - La asignación de funciones encomendada al recurrente no implicó un cambio de categoría de mayor jerarquía ya que, al no tratarse de una designación, la asignación no significó un ascenso ni una modificación de su nivel escalafonario ni un reencasillamiento - El incentivo no se paga en función de la función ejercida, como sostiene el recurrente, sino por la función conforme al nomenclador de funciones del sistema nacional de profesión administrativa - Se confirma la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosatti: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN)]




01/07/2021
FAL 
CNT 8210/2008/1/RH1
Pelozo, Jacinta c/ Méndez, Enrique (fallecido) y otros [Estándar probatorio del derecho civil para evaluar la responsabilidad derivada de una enfermedad profesional - Sentencia de cámara que atribuyó la responsabilidad civil a los demandados al considerar acreditado a través de la prueba testimonial y pericial médica que la actora realizaba un trabajo manual repetitivo que constituía una actividad riesgosa en los términos del artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación – Arbitrariedad de la sentencia - Correspondía a la actora acreditar los elementos utilizados durante la prestación de tareas o el riesgo que estas conllevan para su salud y el nexo de causalidad con sus dolencias para así responsabilizar civilmente a los empleadores, dueños del establecimiento y de esos elementos - Argumentación que no satisface las exigencias de fundamentación necesarias para considerar el pronunciamiento como un acto judicial válido - El estándar probatorio del derecho civil difiere del previsto en la legislación laboral - Se deja sin efecto la sentencia y se devuelven las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al estándar referido - Disidencia de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti: el recurso extraordinario cuya denegación originó la queja no cumple con el requisito de fundamentación autónoma].




01/07/2021
FAL 
CSJ 774/2013
Rolón, Juan Carlos c/ ANSeS [Pensiones honoríficas de veteranos de guerra y delitos de lesa humanidad - Suspensión preventiva del pago de la pensión honorífica otorgada en los términos de la Ley 23.848 de Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur por encontrarse el actor imputado como autor de delitos de lesa humanidad - Sentencia que hizo lugar a la acción de amparo para que se deje sin efecto la medida en tanto no se encontraba condenado como exige la norma sino procesado - Recurso interpuesto por ANSeS - La pensión honorífica mencionada es un beneficio otorgado en reconocimiento por los servicios prestados a la Nación y que, por tal razón, resulta incompatible con el hecho de ser condenado por la comisión de delitos contra la humanidad - La decisión de suspender el pago de la pensión de guerra no vulnera derechos fundamentales del actor - La facultad excepcional que ejerció el organismo tiene por finalidad asegurar la sostenibilidad del sistema público de previsión social - Se encuentran reunidos suficientes elementos de certeza para considerar que el beneficiario puede estar incurso en la causal de exclusión - La participación del peticionante en hechos tipificados como delitos de lesa humanidad ha sido determinada en la condena penal dictada por el tribunal oral federal - Aun cuando existen instancias recursivas pendientes, es dirimente el hecho de que la suspensión provisoria no priva al beneficiario del derecho a la pensión pues, en caso de resultar absuelto, puede peticionar el restablecimiento del beneficio y la percepción de los haberes caídos - La suspensión del pago de la pensión honorífica no priva al actor de otros beneficios de la seguridad social y no fue acreditada una situación de desamparo de su grupo familiar - Se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda - Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN)].




01/07/2021
FAL 
CSJ 588/2019
Fábrica Militar Río Tercero s/ infracción ley 24.051 [Contaminación de un cauce de agua interno que pertenece a una cuenca hídrica interjurisdiccional: conflicto de competencia - Investigación por supuesta infracción a la ley 24.051 a raíz de la descarga de emanaciones gaseosas con concentraciones superiores a los límites permitidos y el vuelco de efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al río Tercero por parte de empresas denunciadas - Conflicto negativo de competencia entre la justicia local y la justicia federal - Exigencia de interjurisdiccionalidad de la contaminación como presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal - Concepción de unidad ambiental de gestión de las cuencas hídricas, como bien colectivo de pertenencia comunitaria y de objeto indivisible - Principios de congruencia, de prevención, precautorio, y de sustentabilidad que informan todo el sistema de derecho ambiental y cuya aplicación resulta determinante también en cuestiones de competencia - Cuenca hídrica como delimitación propia de la denominada territorialidad ambiental, que responde a factores predominantemente naturales y se contrapone con la territorialidad federal, que expresa una decisión predominantemente histórica y cultural - Existencia de factores que permiten concluir que los ríos Carcarañá y Paraná podrían convertirse en cuerpo receptor del efluente contaminante que, prima facie, afectaría al río Tercero - Se encuentra configurada, con carácter provisorio, la presencia de elementos que permiten razonablemente colegir el requisito de afectación interjurisdiccional, lo que hace surtir la competencia de la justicia federal - Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco: No hay ningún elemento de juicio que autorice la afirmación de que la descarga de emanaciones gaseosas a la atmósfera y el vuelco de efluentes líquidos sin adecuado tratamiento afecten a las personas o al ambiente en el territorio de otra provincia - La prueba exigida no puede ser suplida con la invocación obvia de la naturaleza integral e interdependiente de las cuencas hídricas o de los recursos naturales en general - La determinación del carácter interjurisdiccional del daño denunciado debe ser realizada de un modo particularmente estricto]




01/07/2021
FAL 
CSJ 1509/2016
Minas Argentinas S.A. c/ Municipalidad de Esquel s/ contencioso administrativo [Prohibición para instalar una oficina comercial e invocación de la protección del medio ambiente - Desestimación de la acción promovida contra la Municipalidad de Esquel a fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones municipales que denegaron la habilitación de una oficina administrativa - Fundamento en la normativa que establece que no se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas por la legislación municipal - Afirmaciones dogmáticas que sostienen que existe accesoriedad entre la habilitación comercial pretendida y la actividad minera que la actora desarrolla en una localidad vecina y que está prohibida en el municipio demandado - La prohibición de la actividad minera establecida por la ordenanza local tiene por finalidad la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de la salud humana - Omisión de toda explicación acerca del modo en que la instalación de una oficina comercial podría afectar los bienes jurídicos tutelados - Principio de razonabilidad que debe regir la actividad de la Administración - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti: No puede escindirse la actividad que pretende ejecutar la actora en esa ciudad respecto de la realizada en la localidad vecina en la medida en que ambas participan de “una interna relación económica” como parte integrante de un mismo emprendimiento societario - La conclusión central de la sentencia no aparece rebatida en la crítica que desarrolla el recurrente - Argumentos no federales que resultan suficientes para sustentar la sentencia apelada]




01/07/2021
Acuerdo
Todas las sentencias.
30/06/2021
FAL 
CSJ 118/2017
Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro [Comercialización de medicamentos en la Provincia de Buenos Aires: habilitación del estado local para legislar y examen de razonabilidad - Demanda tendiente a obtener la declaración de nulidad de los actos por los cuales se denegó a la actora una solicitud genérica para operar en el ámbito provincial y un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia - Planteo de inconstitucionalidad de los arts. 3° y 14 de la ley local 10.606 (T.O. ley 11.328) - Norma que al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas - Sentencia del superior tribunal provincial que confirmó el rechazo de la demanda - Recurso de la demandante que cuestiona la competencia de la provincia para legislar la materia y también la afectación de los principios de razonabilidad, igualdad, y libertad económica - Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti: Competencia de incumbencia compartida y concurrente - Expendio de medicamentos como actividad inescindible del ejercicio de la profesión farmacéutica y competencias provinciales respecto al ejercicio de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones - Principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor - La norma impugnada pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable - La actora no probó que la aplicación de la ley provincial entorpecía severamente la política nacional fijada en la ley 17.565 y los decretos 2284/91 y 240/99 - La ley local impugnada no configura un indebido avance provincial sobre la atribución del Congreso Nacional para dictar los códigos de fondo y legislar sobre el derecho de comprar y vender bienes - Finalidad constitucionalmente válida pues se refiere a un derecho fundamental como el de la salud - La ley provincial es razonable a la luz de los estándares fijados en la jurisprudencia del Tribunal y no es arbitraria pues se basó en propósitos de salud pública, ampliando la protección de los pacientes garantizada en la regulación nacional - Se confirma la sentencia apelada - Voto del conjuez Irurzun: la regulación atacada supera el control de razonabilidad por cuanto evidencia que ha sido sustentada en fines legítimos - Las alegaciones de la impugnante no logran demostrar más que el disenso con la política sanitaria adoptada por las autoridades provinciales sin poder evidenciar su repugnancia con la Constitución Nacional - La preeminencia que se ha asignado al derecho a la salud como derecho humano básico, esencial y colectivo, justifica con suficiencia la mayor intensidad reglamentaria aplicada al ejercicio de la actividad farmacéutica y las restricciones impuestas para garantizar la efectividad de las garantías fundamentales en juego - Disidencia de la conjueza Sotelo de Andreau: Conflicto relativo al ejercicio del poder de policía de salubridad - Carácter concurrente del poder de policía entre el gobierno nacional y las provincias en materia de salubridad - Restricción que no aparece como razonable, pues no se advierte el cumplimiento de qué finalidad pública vinculada a la protección de la salud se persigue con el hecho de exigir que la propiedad de las farmacias sea exclusivamente de ciertos sujetos y no de otros, excluyendo tipos societarios - No se advierte que el medio guarde una relación de adecuación y proporcionalidad con la finalidad declarada protegida en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de proteger la salud y la vida de la población - Violación al principio de igualdad].




30/06/2021
Acuerdo
Todas las sentencias.